Trabajo en el fuero civil desde 2010. Entré como escribiente auxiliar en un juzgado nacional de primera instancia, hice ahí la carrera hasta prosecretario administrativo y desde septiembre de 2026 soy secretario de otro juzgado del fuero.
Estas herramientas salieron de resolver, durante años, los mismos cálculos que ahora hacen ellas.
Desde septiembre de 2026 soy secretario de un juzgado civil patrimonial. Antes, durante seis años como prosecretario, revisé el despacho diario, proyecté resoluciones interlocutorias y regulaciones de honorarios, y coordiné el trabajo del personal, en un juzgado que recibe alrededor de mil causas nuevas por año y produce unas dos mil trescientas actuaciones procesales al mes. Entre 2015 y 2019, como jefe de despacho, redacté más de cien sentencias definitivas por año.
Eso explica un poco lo que construí acá. No llegué a estas herramientas desde el software: llegué desde el problema: computando plazos, regulando honorarios, verificando prorrateos, ejemplos de cosas que hice a mano miles de veces antes de que existiera nada de esto.
Cada una salió de un problema concreto de trabajo, no de una idea de producto. Ninguna se pensó para un mercado: se pensó para el día a día. Por eso son gratis y el código está abierto. Por eso también las calculadoras corren enteramente en el navegador, sin servidor ni base de datos. Nada de lo que alguien escribe en ellas sale de su máquina.
La principal es Honorio, un asistente para la regulación de honorarios bajo la Ley 27.423. Hace una entrevista sobre el expediente y devuelve el honorario mostrando cada paso del cálculo: la base, las posibles reducciones aplicadas, la escala del art. 21, eventuales ajustes por rol, etc.
Busca transparencia y comportarse distinto a una caja negra. Donde la aplicación adopta un criterio interpretativo lo declara junto al número, detrás de un «por qué». Quien no quiere leerlo no lo lee; quien quiere entender cómo se llega al número lo tiene ahí.
El código de estas herramientas está escrito con asistencia de modelos de lenguaje. Conviene ser preciso sobre qué significa eso, porque «lo hice con IA» tapa más de lo que explica.
No escribí el código. No sé TypeScript y no elegí la arquitectura. Cuando hubo que decidir cómo separar las capas, cómo organizar las validaciones o bajo qué licencia publicar, pregunté y adopté la respuesta que me pareció mejor fundada, que no es lo mismo que haberla diseñado. Si alguien abre el repositorio esperando encontrar a un desarrollador, no lo va a encontrar.
Lo que sí es mío es elegir el problema, decidir qué hace la herramienta en cada punto donde la ley admite más de una lectura, dejar esas decisiones escritas, y darme cuenta cuando el número está mal. Eso último es la parte que no se puede delegar, y es la que sostiene todo el resto.
Un ejemplo es cómo tratar jurídicamente la caducidad de instancia. Mi idea cuando arranqué en el inicio fue dar una alternativa.
Tomar esa decisión no nació en el vacío, sino de haber tenido que resolver en casos concretos.
Hoy es fácil generar código. Lo que un modelo no genera es el criterio para decidir cómo encarar problemas con los que te encontrás en la práctica.
Un cálculo de honorarios mal hecho puede generar una expectativa errónea. Una fecha de vencimiento mal computada puede poner en peligro un derecho. Ahí se define una regla y varias cosas se derivan de ella:
Ningún cambio en el código puede mover un número si no es a raíz de una decisión humana consciente y deliberada, y para eso se justifica en una norma o criterio jurisprudencial que queda escrito.
En concreto, eso significa cuatro cosas. Que los resultados vigentes se consideran correctos y son la referencia a preservar: un cambio que mejora el código y mueve un número no es una mejora, es un error. Que cada cambio de resultado se documenta con el caso concreto y el argumento que lo funda, aunque toque una sola línea. Que las reglas jurídicas viven en una sola capa del código, separadas de la interfaz. Y que una interpretación se apoya en fundamentos, no se declara sin razones: sin una norma o jurisprudencia que la sostenga, no la afirma; la deja declarada como abierta y dice por qué.
Los criterios adoptados están escritos y son públicos en la documentación de dominio. No están ahí para que se me crea: están para que se me pueda discutir y para que se pueda auditar.
Posgrado en Derecho de Daños (UCA) y diplomatura en Derecho del Consumidor (UCES). Doctorado en Derecho Privado en UCES: cursada completa y plan de tesis aprobado. Tres artículos publicados en revistas jurídicas, sobre contratos de consumo, subrogación en los derechos del consumidor y prescripción liberatoria.
Si usás alguna de estas herramientas y encontrás un número que no cierra, escribime con el caso: qué cargaste, qué te dio y qué debería haber dado. Es la clase de mensaje que más sirve. Lo mismo si querés integrar el motor de Honorio en algo propio bajo otros términos, o si trabajás en un juzgado y querés ver cómo está armado esto por dentro.